Una llei inhumana

Ahir es va aprovar al Congrés dels Diputats amb el vots en contra dels quatre diputats d’Unió i tres de CDC el Projecte de Llei de Salut Sexual i Reproductiva i d’Interrupció de l’Embaràs que ara passarà la a seva discussió al Senat. És molt possible que no hagueu tingut l’oportunitat de llegir l’article que reprodueixo tot seguit, publicat al diari La Razon. Hi expresso amb claredat la meva opinió.

La Razón, 017-12-2009

UNA LEY INHUMANA

Josep A. Duran i Lleida

 Se suele hablar de dignidad moral de una persona o de una comunidad para distinguirla de su dignidad ontológica o intrínseca. La dignidad intrínseca es la que corresponde a una persona o comunidad por ser quien es, la dignidad moral es la que adquiere con sus comportamientos morales o virtuosos. Una sociedad sumergida en tiempos difíciles debería acrecentar su dignidad moral.  Por ello también, en tiempos difíciles, el político tiene la obligación de alentar el ímpetu moral del conjunto de la comunidad. Sólo así, se resuelven los conflictos y se superan las crisis.

No es ésa la sensación que se percibe hoy a través del proyecto de ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. La propuesta del Gobierno parece, como en otras tantas ocasiones, pura maniobra de confrontación social destinada a desviar la atención. La economía se hunde, la situación de muchas familias resulta desesperada, las empresas cierran… y el Gobierno, en lugar de ejercer el supuesto liderazgo que le compete, en lugar de cohesionar la sociedad y estimularla, se dedica a distraer la opinión mediante una ley polémica, que suscita un amplio rechazo social, y que no aporta nada ni a la justicia, ni a la solidaridad, ni al bienestar ni al progreso.

Pero no es sólo eso, una maniobra de distracción. El proyecto de ley, y la ley que de él resultará, constituye y constituirá un auténtico termómetro de la dignidad moral, del nivel ético de una sociedad y de una comunidad política.

De la misma manera que no se puede dejar de juzgar la sociedad y el derecho romano clásico sin tener en cuenta que el padre de familia tenía derecho de vida y muerte sobre los hijos, a los que podía vender, abandonar o matar impunemente, quienes en el futuro pretendan juzgar nuestra sociedad y nuestra comunidad política no podrán obviar que el Congreso de los Diputados ha dado su visto bueno a una ley que “cosifica” al todavía no nacido hasta la semana veintidós de su desarrollo; que configura el aborto como un derecho o cuasiderecho en ese plazo; que entiende que a los poderes públicos les ha de resultar indiferente la vida del nasciturus, en relación con la que no han de mostrar interés alguno (por ello la reducción de la protección penal de su vida no va acompañada del incremento de la protección extrapenal), que la vida del discapacitado todavía no nacido tiene un menor interés que la del aparentemente capaz; y que no debe garantizarse que en una situación de conflicto de estas características las adolescentes cuenten con la asistencia y apoyo de sus padres. Todo ello completado con un restringidísimo reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Y no es que sea imprescindible reconocer el aborto como un mal objetivo para admitir una razonable objeción de conciencia. Pero quienes apoyan la ley no se conforman con una amplia despenalización del aborto, pretenden además extender un juicio moral positivo del mismo, y para ello la libertad de conciencia, y su ejercicio a través de la objeción, es un estorbo.

La compleja cuestión de los embarazos no deseados no debe dejar indiferente al legislador, al que también debe preocupar la promoción constante de comportamientos sexuales precoces, origen de numerosos abusos y embarazos. También es cierto que en ocasiones se producen conflictos graves que requieren respuesta jurídica y política, no ya desde la perspectiva inmediata de credos o dogmas religiosos, pero tampoco desde el desprecio a los valores y a los sentimientos de los ciudadanos. El Estado tiene la obligación de proteger también la vida del todavía no nacido. El nasciturus no es un extraño ni para la sociedad ni para la moral ni para el derecho, para los que no puede valer sólo en tanto valga para su madre y si vale para ésta. Y ante el conflicto de intereses entre su vida -como bien constitucionalmente protegido- y la libertad y dignidad de la mujer,  la respuesta de los poderes públicos -tal y como afirmó en 1985 el Tribunal Constitucional-  no puede decantarse de forma absoluta  por uno de ellos, ni siquiera en una primer fase del embarazo.

Son ideas que Unió Democrática de Catalunya ha intentado trasladar al debate de la ley con la enmienda de totalidad y las enmiendas al articulado presentadas por sus cuatro diputados. El Estado debe proteger la vida, la de “todos”, según el artículo 15 de la Constitución. Y ello pasa, por ejemplo, por garantizar a la madre la máxima información posible acerca de su decisión; en trasladarle el interés que tiene la sociedad y el Estado en la protección de esa vida; en asegurar al conjunto de la sociedad que la eliminación del feto no sea una decisión inmadura. Consiste también en establecer las máximas ayudas a la familia y a la natalidad; en garantizar, a través de las familias, de los centros educativos y de la atención social, la responsabilización y madurez de los jóvenes ante las relaciones sexuales.

El contraste con el título y el contenido de la ley alemana de 1992 resulta esclarecedor. Esta se titula  “Ley para la protección de la vida prenatal/gestante, para el fomento de una sociedad favorable a los niños, para la ayuda en los conflictos del embarazo y la regulación de la interrupción del embarazo (Ley de ayuda a la embarazada y a la familia)”. Nuestro Proyecto de Ley no contiene ninguna medida adicional de ayuda a la embarazada, se limita a facilitar la interrupción del embarazo.

Para un Estado que tiene la obligación democrática de garantizar el derecho a la vida, el aborto sólo puede ser la solución última y extrema frente a situaciones graves e irresolubles. Tampoco parece justo ni adecuado al sentir general que la ley permita a adolescentes de dieciséis años abortar no ya sin el consentimiento de sus progenitores sino, incluso, sin su conocimiento. El derecho de los padres no puede ser ninguneado en la que tal vez sea la decisión más grave que pueda adoptar una hija durante su minoría de edad. En su sinrazón, la propuesta gubernamental –camino ya de convertirse en Ley— renuncia a exigir que el consentimiento de la gestante sea debidamente maduro o, como mínimo, ponderado por aquellos a quienes más importa.

El aborto no es una cuestión que deje indiferente ni a la madre que lo sufre ni a la sociedad. Por tanto, no puede ser regulado con ligereza y menos aún con el propósito de generar un debate que oculte las graves insuficiencias del Gobierno. El deseo de proteger la vida, más allá de cualquier credo que lo inspire, forma parte del acerbo moral de nuestra sociedad. Nos equivocaríamos si viésemos en esa aspiración una voluntad retrógrada o contraria al progreso y a la libertad. También nos equivocaríamos si creyésemos que la defensa de la vida es patrimonio de una derecha ultramontana o de los púlpitos. No es así: la defensa de la vida fluye de nuestra propia genética humana y de nuestro sistema de valores. Preservar y proteger la vida tal vez no sea “progre” pero es intrínsecamente progresista, al igual, o más, que pueda serlo la lucha contra la pena de muerte, la solidaridad con el más débil o la defensa de la naturaleza.

En esta cuestión no sólo se halla en juego el prestigio moral del Estado, sino la dignidad moral del conjunto de nuestra sociedad. Si el proyecto se convierte en ley, nuestra democracia habrá entrado en un invierno gris y nuestra sociedad habrá perdido buena parte de su humanidad.